Ecolo-Verdes, plataforma electoral de la Coordinadora Verde manifiesta su apoyo ante la reunión el próximo 13  de mayo en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, con María Neira directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de las asociaciones internacionales de personas que padecen enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, como la Sensibilidad Química Mútiple (SQM) o la Hipersensibilidad a los Campos Electromagnéticos (EHS).

Estas asociaciones  representan  a organizaciones de 26 países, su petición la firman más de 200 profesionales de la salud y más de 240 ONG´s, fundaciones y asociaciones de afectados y preocupadas por la salud y el medioambiente. El objetivo de este encuentro es documentar ante la máxima responsable de salud ambiental de la OMS la evidencia científica existente en torno a estas patologías de origen biológico y pedirle por ello su reconocimiento oficial mediante su inclusión en el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades.

La Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad (EHS), junto con enfermedades relacionadas como la fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), son consideradas Enfermedades de Sensibilización Central producidas por factores ambientales y muchos pacientes sufren una superposición de estas patologías. La FM y el SFC ya disponen de su código en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) de la OMS, pero la SQM y la EHS aún no están incluidas en dicha clasificación. Los efectos que sobre la salud tienen los químicos y las radiaciones electromagnéticas a dosis muy bajas, pero acumulativas e interaccionando entre sí, han acabado por generar una masa de enfermos crónicos, incapacitados para realizar una vida normal, que en España se estima de entre un 0’5 y un 2 % de la población. Sin embargo, entre un 12% y un 15% de la población presenta algún síntoma frente a químicos tóxicos (Kreutzer, R.; Neutra, RR.; Lashuay, N. Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population-based survey. Am J Epidemiol. 1999 Jul; 150(1):1-12, entre otros autores).

El 12 de Mayo Día internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad. “La situación de desprotección sanitaria, social, familiar, judicial y económica que estamos viviendo los afectados por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y por la Electrohipersensibilidad es inaceptable desde la perspectiva de la definición de la salud que hace la propia OMS”, comenta Francisca Clavero, enferma de SQM y una de las promotoras de esta campaña por Asquifyde (Asociación de Afectados por los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental).

María H Bascuñana y Silvano Baztán, ambos coordinadores de Salud Verde de La Coordinadora Verde, coinciden en que ” Es importante apoyar la  inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad en el CIE ya que permitirá a estas personas obtener diagnósticos correctos y que sus tratamientos sean cubiertos, al menos en parte, por la Administración Pública. Además, su reconocimiento  oficial propiciaría una mayor investigación en este campo”

Por estos motivos, los enfermos de patologías ambientales han desarrollado la CAMPAÑA OMS 2011 para solicitar la inclusión del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y de la Electrohipersensibilidad en la CIE 10 y clasificaciones derivadas, en el apartado de enfermedad causada por factores ambientales. “Sólo a partir de este reconocimiento, podremos empezar a luchar por nuestros derechos, mientras tanto seguimos siendo ignorados y sobreviviendo como podemos”, concluye Clavero.

En España se ha constituido el Comité Nacional para el Reconocimiento del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, formado por trece asociaciones de enfermos. El Ministerio de Sanidad está trabajando en estos momentos sobre un Documento de Consenso sobre Sensibilidad Química Múltiple.

Recientemente, el grupo de Salud Verde de la Coordinadora Verde se ha solidarizado con l@s afectad@s por la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la Electro-Hipersensibilidad (EH), adhiriéndose a la Campaña OMS 2011,  llevada a cabo por la asociación ASQUIFYDE, en la que pide a la OMS el reconocimiento de ambos procesos como enfermedades de sensibilización central.

Es un hecho que cada vez son más las personas sensibles a la inundación de sustancias químicas en nuestra vida cotidiana. Nuestras casas está llenas de productos de limpieza con decenas de sustancias disueltas y de gran tendencia a la evaporación y difusión aérea; cosméticos, colonias, esencias de todo tipo en todo tipo de productos…

Esta nueva moda de resaltar una serie de aromas a través de la adición de sustancias químicas que les dan esa propiedad a los productos habituales de la casa, está provocando que la vida cotidiana en muchas personas se torne en un verdadero suplicio: afectaciones respiratorias variopintas, reacciones alérgicas agudas ante el mínimo contacto con ese tipo de sustancias, hacen imposible vivir dignamente a un colectivo de personas cada vez mayor.

Otro tanto está ocurriendo con las personas que notan cómo su vida ha cambiado desde la aparición en gran escala de campos electromagnéticos y radiofrecuencias que saturan el espectro de nuestro espacio. Cefaleas, insomnio, cambios de carácter, incluso casos de cánceres están siendo relacionados con este hecho.

La Ciencia, como bloque, siempre va detrás de la realidad vivida, intentando comprobar fehacientemente que los procesos se provocan por una relación causa-efecto con los factores a estudio. Y ahí nos encontramos siempre con la complejidad que supone el conjunto de intereses económicos de las diversas ramas industriales. Éstas, y nos lo ha mostrado la historia con bastantes ejemplos en diferentes ámbitos, no se detienen ante nada e intentan continuar con sus avances tecnológicos, caiga quien caiga.

En este caso, la OMS no parece que se esté decantando por dar pasos hacia un reconocimiento rápido de estas entidades y dar un toque de atención serio a la Industria, en general, y a los gobiernos, en particular, para que extremen las medidas de control sobre los productos generados día a día en nuestros territorios.

Cada vez es más patente el acúmulo de Carga Tóxica en nuestros organismos, pudiéndose ver y medir en nuestros tejidos una serie de sustancias (cloradas, bromadas, fluoradas…) que forman parte de nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, sin que haya avisos claros de nuestras autoridades sobre el peligro que conllevan a la población en general.

Ahora les toca a las personas más sensibles. ¿Y mañana? ¿Ya será tarde para las personas que ahora no se movilizan? Dado que el próximo día 12 de Mayo se celebra el Día internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad, desde Salud Verde aprovechamos para posicionarnos frente a esta situación de injusticia, abogando por el reconocimiento explícito de esta realidad. Este hecho llevará a la mejor atención y respeto a personas que, en estos momentos, viven una vida sin derecho a la Salud.

A solicitud del grupo de trabajo “Salud Verde”,  ayer 21 de Febrero, la Coordinadora Verde ha emitido una nota de prensa a través de la cual expresa la necesidad de que la administración sanitaria contemple la realidad de los afectados por una “nueva afección” llamada Sensibilidad Química Múltiple.

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Ante la iniciativa puesta en marcha por Fodesam y la Asociación Vida Sana para que el sector ecológico se sume a la petición de reconocimiento en España de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM), la Coordinadora Verde muestra su adhesión a la misma y pide a organizaciones, colectivos y empresas relacionadas con la ecología que apoyen esta campaña en solidaridad con las personas afectadas por SQM.

El síndrome de sensibilidad química múltiple, un proceso que está afectando a un número importante y creciente de personas en nuestra sociedad industrial, es una enfermedad ambiental que ya ha sido reconocida oficialmente en países como Alemania, Austria o Japón. Causada por la exposición a sustancias tóxicas, produce en los enfermos una intolerancia creciente a emanaciones químicas que los incapacita para la vida laboral, los obliga a recluirse en espacios libres de cualquier producto tóxico y les causa una serie de alteraciones patológicas que afectan a sus sistemas endocrino, límbico e inmunológico y para las que no existe tratamiento conocido. Ante un entorno que se les ha vuelto agresivo, el aislamiento en que se ven obligados a vivir ha llevado a que se conozca a estos pacientes como “personas burbuja”.

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Ésta es una de las situaciones en las que la Sociedad, la Ciencia y, por supuesto, la Administración, van a una velocidad más lenta de lo que corresponde a la rapidez de los hechos. La Industria Química, la Industria de las Telecomunicaciones, la Industria de la Biotecnología…, son en realidad máquinas voraces que desarrollan productos (en apariencia al servicio del ser humano) pero, en su afán investigador, muchas de las veces no se detienen a observar las consecuencias inesperadas que pueden aparecer en los seres vivos (y más aún en los seres humanos) por la aplicación en masa de los mismos.

Si las propias empresas no realizan completamente esa labor de prevención, al menos la Administración debe velar por la salubridad de la población que la sustenta y protegerla con todos los medios a su alcance.

El grupo de trabajo Salud Verde lo constituye un conjunto de personas interesadas en enfocar los temas de salud desde una perspectiva orientada hacia el equilibrio del ser humano y de sus relaciones con el medio ambiente.

Uno de los capítulos en el que estamos sensibilizados es el de la “electropolución”. Ya durante el mes de Junio pasado, hubo una comparecencia de cuatro ponentes en el Parlamento Vasco, (ver aquí y aquí) a propuesta de la Plataforma de Euskal Herria Contra la Contaminación Electromagnética, en la que se trató desde diversos enfoques (legales, biológicos, médicos y sociales) la problemática generada por el desarrollo incontrolado de la telefonía móvil y la tecnología inalámbrica.

En la última edición de la Universidad Verde de Verano, en el mes Agosto, organizamos un Taller sobre “Municipios y Contaminación Electromagnética”. A través de este enlace podéis leer las conclusiones del mismo.

Recientemente (1 de Diciembre), ha tenido lugar una reunión de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) con varios representantes de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, en la que se les hizo entrega de dosieres con información respecto al fenómeno electromagnético y se han previsto una serie de reuniones  y compromisos para más adelante.

Como consecuencia de la actual situación de conflicto creada entre las tesis mantenidas por las diferentes operadoras de telefonía (y sus líneas de investigación dirigida) y los estudios científicos independientes, que van mostrando la posible repercusión del “fenómeno electromagnético” en las funciones de seres vivos, con el riesgo de crear disfunciones, diversas patologías en las personas, desde el grupo de Salud Verde apoyamos las siguientes propuestas, basadas en el Manifiesto de la PECCEM:

- Aplicación del principio de precaución: ante un riesgo desconocido, prevención. El desarrollo tecnológico va muy por delante de las comprobaciones de inocuidad.

- Información a la población de los riesgos de las radiaciones.

• Fuera de nuestras casas: Antenas de telefonía, teléfonos móviles, radares, sistemas de telecomunicaciones, redes Wifi, Wimax, etc.
• Dentro de nuestras casas: teléfonos móviles, teléfonos DECT, Wifi, consolas de juegos, hornos microondas, cocinas de inducción, alarmas de bebés, etc.

- Solicitar a las distintas administraciones que actúen dentro del marco de sus competencias para establecer unos sistemas de control adecuados que sirvan para evaluar el nivel de radiaciones que realmente están soportado los vecinos; que adecuen la legislación a los conocimientos científicos actuales. Ya hay países que están aplicando políticas más restrictivas, ¿por qué en España no se está haciendo nada? ¿Por qué se sigue defendiendo una legislación obsoleta, como el propio Parlamento Europeo califica,  y no se están tomando medidas al respecto?

- Solicitar, asimismo, que se doten fondos económicos para la investigación de las diversas cuestiones relativas a la interrelación de esta tecnología y los seres vivos, y que se realicen estudios epidemiológicos para investigar los conglomerados (“clusters”) de cánceres que los vecinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo alrededor de grandes focos de emisión de radiofrecuencias y que ninguna administración quiere hacer.

- Solicitar que se reconozca la Electrohipersensibilidad como enfermedad (ya considerada en Suecia como una entidad diferenciada), etc.

La Coordinadora Verde reclama una alimentación escolar más sana, elaborada a partir de productos frescos, ecológicos, locales y de temporada. Considera que el debate del pez panga cuestiona en su integridad la actual cadena alimentaria que afecta a la elaboración de los menús escolares y a la calidad de los productos utilizados.

El panga ha entrado en las cocinas de forma directa a causa de su bajo precio, las condiciones en las que se cría, y su comercialización sin espinas, a consecuencia del trabajo en condiciones injustas de mujeres vietnamitas. Pero no es oro todo lo que reluce, y así lo demostró el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) donde se mostró que “en algunas muestras de este pescado había contaminantes (un herbicida tóxico y también mercurio). Aunque estaba en unos límites legalmente admisibles, existía esa contaminación”. De ahí que una empresa vasca de catering lo haya eliminado de su cocina. No obstante, la Coordinadora Verde solicita tomar las medidas oportunas, y no dejar esta realidad en las manos y la voluntad de las empresas del sector.

Al hilo del debate generado por el panga en los comedores escolares, Sonia Ortiga, co-portavoz de la Coordinadora Verde, considera que “el panga abre el debate de la calidad de los productos que nuestros hijos e hijas comen a diario en el comedor de la escuela, y en general, la calidad de lo que llega a nuestros estómagos, que tiene una relación muy estrecha con la salud”. De hecho, “el panga es un elemento más en una cadena de alimentación degradada y de pésima calidad”.

“Han cambiado totalmente nuestras costumbres alimentarias”, señala Ortiga, “a causa del actual modelo agroalimentario, basado en la industrialización del sector productivo y los sistemas de transformación y distribución de los alimentos”. “Hoy día, son las empresas multinacionales de la industria agroalimentaria, con el apoyo de los gobiernos e instituciones internacionales, quienes deciden qué comemos, imponiendo su interés por el máximo beneficio económico en lugar de las necesidades colectivas”. Es por ello que la Coordinadora Verde apuesta por dar prioridad a la salud frente a intereses comerciales y exige un cambio en el modelo de políticas agroalimentarias que favorezcan la agroecológica y medidas específicas para fomentar la distribución y el consumo de productos de mayor calidad y más saludables: locales, ecológicos y de temporada.

La Coordinadora Verde denuncia asimismo el apoyo que, mediante subvención, se les brinda a las importanciones de productos, que mayoritariamente provienen de empresas multinacionales y que generan una competencia desleal a los productos autóctonos. Solicita medidas para un mayor control de los productos que se comercializan, evaluando no sólo el producto final sino toda la cadena de producción y distribución para romper con el alto lucro de la comercialización y equilibrar los márgenes de beneficios de toda las partes que participan en la vida de los productos. Apostamos por potenciar circuitos cortos de producción y consumo de manera que personas productoras y consumidoras se puedan relacionar con los mínimos entes intermediarios.

La Coordinadora Verde no es partidaria de la actual estrategia de disminuir paulatinamente a profesionales funcionarios y funcionarias de la cocina de las escuelas, ya que según Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, “el mercado de la alimentación infantil en las escuelas es un filón de oro que buscan las empresas privadas, y no podemos permitir dejar en manos de intereses privados (meramente económicos) el bienestar alimentario y la salud de nuestras hijas e hijos”.

“Municipios contra la Contaminación Electromagnética”.
Taller de la II Universidad Verde de Verano celebrada en Beire (Navarra).

Con la participación de los ponentes:
- Ceferino Maestu, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Medicina
- Carmelo Santolaya, presidente de ASANACEM, asociación de afectados de Navarra por campos electromagnéticos
- Agustín Bocos, abogado especializado en contaminación electromagnética y miembro de “Juristas contra el Ruido”

Las conclusiones del taller se resumen a continuación.

Con carácter general:
* La normativa estatal en España sobre limitación de potencias está desfasada (data de 1999)
* La tendencia en la legislación estatal es de facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías por las operadoras (ejemplo reciente de las femtoceldas).
* Es necesario colocar como referencia legal la resolución del Parlamento Europeo de Abril de 2009.
* Recomendación expresa de sustituir Wifi por cable en domicilios, centros escolares y dependencias de las diferentes administraciones.
* Necesidad de estudios epidemiológicos (en Navarra, por ejemplo, se impiden por no poseer población “suficiente”).
* Puede haber cobertura técnicamente empleando miles de veces menos de potencia en las antenas.
* Hay seguros de responsabilidad civil que excluyen específicamente los daños a la salud por las antenas de telefonía. Casos de “clusters” de cáncer en núcleos de población alrededor de grupos de antenas (Colegio García Quintana en Valladolid, en 2001…).
* La unanimidad de decisión en una Comunidad de Propietarios sobre la instalación de antenas, ha de ser entre propietarios y no arrendatarios. (Recordar el ejemplo de una azotea de edificio en Madrid que llegó a tener 400 antenas porque la mayoría de residentes eran inquilinos y no propietarios.)
* La teoría define la Radiación Ionizante (rayos UVA, rayos X, etc.) como peligrosa, pues su energía produce rotura de enlaces en las moléculas, y la Radiación No Ionizante como no peligrosa pues no hay tanta energía como para romper los enlaces de moléculas. Pero Ceferino añade que esto no es exactamente así: en cuanto a la No Ionizante hay que tener en cuenta la cantidad de energía que recibimos de un sistema de forma acumulativa, no solo la frecuencia, porque esta acumulación determinará la posibilidad de daños moleculares.

A la hora de plantear una ordenanza municipal sobre antenas de telefonía:
* Hay que usar como referencia la potencia de inmisión, es decir, lo que recibe cada persona, no solo lo que emite la antena.
* Es importante crear un buen sistema de control dirigido por el Ayuntamiento. Se sugiere que se hagan mediciones en tiempo real de forma permanente, y que se identifiquen los picos de emisión y no sólo las emisiones promediadas.
* La tendencia actual es de limitar las potencias de emisión pero acercando las antenas a la población (se debe intentar aumentar la altura de las antenas para separarlas lo más posible de la población).
* Necesidad de establecer distancias de alejamiento de antenas a centros sensibles (hospitales, colegios…), aunque lo importante sería la potencia que llega al individuo, no sólo lo que emite una antena que puede estar lejana en el espacio.

Ejemplos de ordenanzas:
* Existencia de varias administraciones (Castilla la Mancha, Alcoy, Molina de Segura, San Luis, Basauri,Burlada, Viana, Leganés…) en las que se ha legislado aumentando la protección a la población frente a las emisiones de telefonía.
* Ejemplo de Salzburgo, con limitación a 0,1 microwatio/cm2.
* Ejemplo de Leganés. como población española que modifica la aplicación de normativa estatal en su ordenanza municipal con límite máximo de 0,1 microwatio/cm2, además de la implantación de una red de sensores distribuida por la localidad para poder saber cuánta contaminación hay en cada instante y poder correlacionar la tasa de enfermedades con el nivel de emisión-contaminación.

Jurisprudencia sobre la competencia de los Ayuntamientos:
* Existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se le reconoce a los Ayuntamientos capacidad para regular y desarrollar normativas sobre instalación de antenas y redes de telecomunicaciones, e imponer medidas de protección adicionales a las contempladas en la normativa estatal.

Información al ciudadano:
* Es importante un buen sistema de información a la población sobre los riesgos de un uso desmedido e inadecuado de los móviles, espacios wifi… (no acercarse a la oreja el teléfono hasta que ya se ha establecido contacto con la antena más cercana; no usar el teléfono en el interior de vehículos, trenes…; no utilizar el teléfono en situaciones con baja cobertura pues se eleva al máxima la irradiación de la unidad; niñ@s, embarazadas como población de riesgo por la interferencia con el desarrollo cerebral de l@s niñ@s; evitar el uso del “pinganillo” dado que su cable actúa como nueva antena y el efecto pernicioso de la bovina del propio auricular; el teléfono encendido emite cada 2 segundos para buscar antenas a su alrededor).

* Que se conozcan qué son las radiaciones electromagnéticas, que hemos vivido siempre rodeados de radiaciones naturales, incluso que la vida está basada en ellas, pero que con el desarrollo de la electricidad y los sistemas inalámbricos de comunicaciones, estamos emitiendo a la atmósfera una enorme cantidad de radiaciones artificiales a las que nuestros sistemas biológicos no están acostumbrados y que los científicos desconocen los efectos que toda esta acumulación pueden causar a largo plazo.

* Que estos elementos contaminantes no se encuentran solamente fuera de nuestras casas: antenas de telefonía (estaciones base, picoantenas), radioenlaces de comunicaciones entre antenas, sistemas de radares, redes Wifi, Wimax, líneas de alta tensión, transformadores, etc sino que también *dentro de nuestras casas* tenemos una gran fuente de contaminación con elementos como: hornos microondas (que la mayoría tienen fugas hacia el exterior), routers Wifi, teléfonos inalámbricos DECT, teléfonos móviles, consolas de juegos (Wii), pequeños electrodomésticos que generan un importante campo magnético, pequeños transformadores, etc y ahora las nuevas antenas que nos quieren introducir: Femtoceldas.

Presentación de Agustín Bocos:

Vídeo del taller, cortesía de Ángel Vázquez:

Sigue el tema en Salud Verde.

Quién estará y qué temas se van a tratar

Por José Antonio Ballesteros Garrido

Texto de la ponencia presentada en la mesa redonda titulada “¿Cuáles son las prioridades verdes en materia de salud?”, en el marco de la I Universidad Verde de Verano, celebrada en Huesca los días 24 y 25 de julio de 2009.

Muchas de las campañas y reivindicaciones que realizan los grupos ecologistas, verdes, vecinales e incluso asociaciones médicas, científicas, etc. se basan en que se producen, comercializan o utilizan productos o sustancias sobre cuya seguridad o riesgos no existe evidencia científica contrastada pero sí hay algunos indicios o sospechas de que pudieran entrañar un peligro para la salud o el medio ambiente en general, por lo que se reclama que se prohíba o limite el uso, producción o circulación del mismo como medida de salvaguardia de la salud y del medio ambiente. En eso consiste el principio de cautela o de precaución.

Este principio está recogido en el art. 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea como una de las bases de la política en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta que es un objetivo declarado del mismo lograr un elevado grado de protección de la salud y el medio ambiente, hasta el punto de que razones ambientales pueden relegar la eficacia de las normas de libre comercio. El principio de cautela no aparece definido ni desarrollado en ese Tratado, pero sí en otros documentos de la Unión. Así, en una Comunicación de la Comisión de febrero de 2000 se indica que se debe aplicar cuando los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos; pero una evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal. Y se establecen también tres normas a respetar:
-que se determine el grado de incertidumbre científica por una evaluación científica completa realizada a instancias de una autoridad independiente;
-que se evalúen los riesgos y consecuencias de no actuar a escala europea;
-que, en el estudio de las posibles acciones a adoptar, participen con la máxima transparencia todas las partes interesadas.

La adopción de medidas en aplicación de este principio es una cuestión política, a decidir por procedimientos políticos; por lo tanto es algo distinto de las cautelas propias de la actuación científica. Las decisiones a acordar han de resultar del análisis de una serie de criterios:
-han de ser proporcionales al nivel de protección que se quiere garantizar; lógicamente, entendemos que debe ser un nivel elevado, en coherencia con lo declarado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de acuerdo con el superior rango que debe tener la protección de la salud y el medio ambiente; pero ello no puede conducir a una eliminación absoluta de cualquier riesgo: p.ej., los posibles riesgos derivados de los campos electromagnéticos no pueden dar lugar a una prohibición de las líneas de alta tensión o la telefonía móvil, pero sí a una gestión que limite la exposición a que pueden estar sometidas las personas;
-no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación (han de tratarse de forma similar situaciones similares);
-ha de ser consistente con otras medidas adoptadas para prevenir riesgos con similar nivel de incertidumbre y gravedad;
-ha de basarse en un análisis de coste/beneficio, análisis que puede incluir cuando sea pertinente el económico, pero también otros aspectos, como la eficacia de las posibles medidas, su aceptabilidad por el público, la gravedad de los eventuales riesgos, etc;
-se someterán a revisión en cualquier momento, de acuerdo con la evolución del conocimiento científico;
-debe aplicarse un sistema de responsabilidad por los daños posibles que facilite la investigación sobre los riesgos y que con carácter general no traslade la carga de la prueba a los consumidores.

Su campo de aplicación es muy amplio: protección del medio ambiente en general, de la salud pública, seguridad alimentaria. Quizás la aplicación más transcendente de este principio fue la prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) entre 1999 y mayo de 2004.

Se pueden obtener algunas señales de cómo se debería aplicar y de su relevancia a partir de experiencias pasadas, sobre algunas sustancias cuyos efectos nocivos se desconocían pero sobre los cuales había algunas alertas tempranas, sospechas que se desatendieron durante mucho tiempo, hasta que la evidencia científica se consolidó, momento en que ya se habían producido daños importantes. Es el caso del amianto, del que ya hubo una primera alerta seria en 1898 que se ignoró permitiendo su uso hasta que fue innegable su relación con un tipo de cáncer, el mesotelioma, que está produciendo la muerte dolorosa de miles de europeos; hoy está prohibida su utilización, aunque se permite que los edificios que tienen ese componente entre sus materiales aislantes lo mantengan hasta que su degradación sea tal que no pueda ser reparada. Otro caso es el de los CFCs, cuyo efecto sobre la capa de ozono fue ya advertido en 1974 e ignorado hasta que fue demasiado tarde, por lo que será inevitable que en los próximos años haya un número importante de muertes por cáncer de piel. Existen multitud de casos similares: la enfermedad de las vacas locas y la sangre contaminada con el VIH en Francia son algunos de los más conocidos cuyas consecuencias letales están comprobadas.

Una aplicación paradigmática de este principio habría de ser la normativa REACH, el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos y la Directiva 2006/121/CE, asociada al Reglamento, según fueron concebidos, para obligar a los fabricantes e importadores a evaluar los riesgos de los productos químicos que producen, importan o utilizan, a sustituir los más peligrosos y a informar adecuadamente de sus riesgos. Pero sus objetivos se han quedado muy cortos debido a la intensa campaña de lobby realizada por la industria química (con el apoyo del Gobierno Bush) durante su tramitación: de los aproximadamente 100.000 productos químicos existentes, sólo afectará a unos 30.000; los plazos para sustituir las sustancias cuyas consecuencias tóxicas se conocen son demasiado largos (en algunos casos deberían incluso retirarse del mercado ya las mercancías producidas) o incluso se puede eludir la obligación de sustitución si el fabricante alega que puede controlar sus efectos o que existen límites seguros de exposición, lo que introduce el problema de los efectos cruzados entre varios productos y el de la bioacumulación. Por otro lado, la obligación de información de la industria ha quedado muy recortada. El principio de cautela ha sido desvalorizado en beneficio de la industria cuando están en juego sustancias que pueden tener efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente; hay que tener en cuenta que una legislación REACH fuerte tendría unos efectos positivos no sólo para la salud y el medio ambiente, también para la investigación porque obligaría a investigar sobre los efectos de las sustancias que se están utilizando; sobre la innovación y el desarrollo, porque instigaría que se buscasen sustancias alternativas menos tóxicas, con el consiguiente desarrollo industrial y su repercusión en el empleo; mejoraría la imagen de la industria; y reduciría los gastos sanitarios, de gestión de vertidos y lugares contaminados, etc. Por otro lado, el coste de implementar una legislación REACH rigurosa no sería excesivamente oneroso para la industria, ya que sería muy inferior a lo que gasta en publicidad.

El principio de cautela debería aplicarse a las peticiones de autorización de cultivos o comercialización de productos con organismos genéticamente modificados (OGM). Si ya se aplicó una moratoria en 1999, no hay razón para haberla levantado en 2004 cuando siguen planteando las mismas cuestiones o más sobre sus efectos sobre la salud de consumidores y productores; sobre otras cosechas, la biodiversidad del entorno de las plantaciones, la seguridad alimentaria, la autonomía de los productores. Precisamente en estos días está en cuestión la petición de autorización en Europa de un arroz trangénico resistente a un plaguicida, el glufosinato, sobre el que existen diversos estudios que hablan de sus efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente.

En cuanto a los campos electromagnéticos, existen cientos de informes contradictorios: mientras unos niegan todo efecto nocivo sobre la salud, otros muchos dicen encontrar una relación con ciertas dolencias; de hecho, la OMS los ha clasificado como posiblemente carcinogénicos en relación con la leucemia infantil. Se ha discutido mucho sobre la imparcialidad y el método científico seguido por los informes que niegan efectos nocivos a los CEM (p.ej., estudian los efectos de un CEM intenso durante un corto espacio de tiempo, cuando el peligro principal, según los estudios del segundo grupo, estaría en la exposición durante largos períodos de tiempo a CEM incluso de reducida intensidad). La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo aprobó un infome el 23 de febrero de 2009 instando una serie de medidas a adoptar tanto por la Unión como por la industria y los particulares en línea con el principio de cautela: más investigación; reducción del umbral de exposición a CEM aprobado por la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 en línea con lo que ya han hecho algunos Estados; prácticas personales para evitar o reducir la exposición; más información y participación pública; y critica las campañas de la industria para promover el uso de móviles por niños y adolescentes. No tiene sentido que la industria, y con ella las autoridades que aprueban proyectos de líneas eléctricas y estaciones repetidoras, nieguen los efectos nocivos de los CEM cuando existen numerosas alertas que cuestionan esa postura; en su lugar, y dado que tanto la electricidad como la telefonía móvil o el internet por wifi constituyen una demanda social ineludible, deben establecerse unas pautas para reducir todo lo posible la exposición a los CEM, pautas dirigidas tanto al despliegue de líneas de alta tensión y de estaciones de telefonía móvil o zonas con wifi como al uso de la telefonía móvil por los particulares.

En el campo de la seguridad alimentaria, existe una normativa reglamentaria muy detallada, pero que no impide que hayan aparecido casos como el de las vacas locas, los pollos belgas con dioxinas, el ganado engordado con clembuterol, etc. También está muy reglamentada la información a facilitar al consumidor a través del etiquetado, pero sigue siendo manifiestamente insuficiente, precisamente con el objeto de que no pueda elegir: por ejemplo, en Europa no existe la obligación de expresar el contenido en grasas trans de los alimentos ni los productos cárnicos que proceden de animales alimentados con transgéncios. Hay casos incluso en que se admite la denominación de ciertos productos de forma equívoca, para favorecer su comercialización engañando al consumidor, como el caso de un producto lácteo de una conocida marca española al que se permitió que se denominase yogur “pasteurizado después de la fermentación”, que evidentemente ya no tiene las propiedades características del yogur. Es necesario que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) actúe siempre aplicando el principio de cautela, evitando prácticas como las que condujeron al escándalo de las vacas locas aún cuando no se conocieran con seguridad las consecuencias letales que había de tener el cambio en el sistema de alimentación del ganado. Y debe exigirse un etiquetado mucho más riguroso para que, aún si ciertos ingredientes o productos no están prohibidos, al menos el consumidor tenga la posibilidad de excluirlos de su lista de la compra.

En cuanto a la publicidad de alimentos, productos sanitarios, de cosmética, etc., existe un organismo de autocontrol, que puede prohibir la emisión de campañas publicitarias cuando el mensaje a difundir no se corresponde con la realidad o induce a engaños en cuanto a las cualidades del producto. También tiene competencias la EFSA. En ocasiones, sin embargo, se admite la publicidad de productos con un mensaje que sin ser incierto puede no proporcionar toda la información necesaria para poder valorar correctamente la bondad del producto; esto ocurre, p.ej., cuando se indica que un determinado yogur favorece un aumento de las defensas, cosa que puede ser cierta, pero no se dice que una ingesta continuada puede favorecer que el organismo tenga dificultades para continuar produciendo esas defensas por sí mismo, de forma natural, sin ayuda externa. Para evitar estos supuestos se aprobó el Reglamento (CE) 1924/2006, del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que obliga a que sólo se puedan realizar afirmaciones sobre las cualidades de salud, nutricionales, etc. de alimentos y complementos cuando exista una evidencia científica que respalde lo afirmado, y trata de evitar el consumo excesivo de algún producto. La EFSA está en la actualidad revisando las afirmaciones publicitarias de los productos afectados por este Reglamento, parece según informaciones de prensa que 66 alimentos o ingredientes han sido revisados y tiene pendientes unos 4.000 más.

Respecto a la política sanitaria, es especialmente criticable que aparezca centrada en la gestión de cómo recuperar la salud a base de tratamientos quirúrgicos o farmacológicos en lugar de centrarse en la prevención: promover prácticas saludables, tratar de eliminar o reducir la exposición a factores nocivos. Y aún que la política de prevención se centre casi exclusivamente en la administración de vacunas, algunas muy contestadas desde el propio ámbito sanitario. Tendría un coste mucho menor para el Tesoro elaborar políticas de salud pública, de prevención de riesgos sanitarios, de promoción de prácticas saludables, como serían la eliminación del tabaco en lugares públicos; reducción de la contaminación atmosférica, de suelos y de acuíferos; promover una dieta saludable con alimentos orgánicos; promover la lactancia materna; el ejercicio físico; reducir el consumo de alcohol; protección de la salud en el trabajo; entornos saludables (ciudad verde, lugares para pasear libres de tráfico…) que centrarse en una política basada casi exclusivamente en el recurso a la industria farmacéutica. Y es fundamental la formación y la información: si se informase al público de la relación entre mapas de cáncer, de enfermedades respiratorias y de alergias con los mapas de contaminación ambiental, seguramente se sería más exigente con los controles a las emisiones de las industrias y se utilizaría más transporte público; si hubiese una mayor educación sexual y de la afectividad probablemente descendería el número de abortos de adolescentes.

Una política que aplique el principio de cautela se basa en gestionar riesgos, en adelantarse para evitar que aparezca el daño actuando incluso cuando el peligro concreto no está bien definido y sólo existe alguna alerta temprana. Trata de evitar que haya que gestionar las crisis derivadas de resultados lesivos por no haber adoptado medidas preventivas a tiempo, en una fase temprana del conocimiento científico del daño. Exige políticas más activas e intuitivas, más imaginativas, en lugar de dejarse llevar por la urgencia del momento y la mecánica impuesta por lo establecido, por el “ir tirando”, y los dictados de la industria. Exige mucha participación pública, mucha información y formación (que son el mejor antídoto contra la corrupción, la pereza mental y la demagogia).

Ha de tener un complemento en una estructura administrativa que facilite que a todos los profesionales les llegue la información sobre riesgos, productos prohibidos, prácticas a promover, etc; y que existan unos órganos de inspección y de control eficaces, y que se prevean unas sanciones disuasorias, para castigar y eliminar las prácticas que eluden el cumplimiento de las instrucciones aprobadas. No es admisible que numerosas industrias realicen vertidos o eliminen los filtros cuando saben que no actúa la inspección, o que si actúa no se tramitará la denuncia, o si se tramita la sanción será una multa por cantidad irrisoria. O que el ginecólogo/la ginecóloga siga facilitando la publicidad (prohibida) que le haya facilitado alguna asociación interesada de unos tratamientos hormonales para la menopausia cuando se conocen los efectos secundarios que tienen.

El reverso de una política basada en el principio de cautela sería la atribución de responsabilidades civiles a quien crea el riesgo sin haber examinado previamente y de forma adecuada sus posibles consecuencias y sin informar de los que pudiera haber conocido al público y las autoridades; en España ese sistema de responsabilidad civil en que el productor responde por los riesgos que crea está muy limitado, hasta el punto de que está exonerado de los riesgos del desarrollo (es decir, de los daños causados por un producto que no se podían prever en el estado de la ciencia al momento de la comercialización) excepto en el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios para el consumo humano, en que sí se responde de los daños aunque el riesgo no fuese conocido. Por otro lado, persiste la obligación de la víctima de probar el nexo de causalidad entre el daño y el producto, que se exige con un grado de certeza que hace prácticamente inviables muchas reclamaciones, como se ha demostrado con las demandas formuladas contra las tabacaleras. Deberían modificarse las Directivas que regulan la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos para que el productor sea responsable de los daños incluso cuando no haya conocimiento científico sobre sus riesgos al momento de la comercialización; deben ampliarse también los plazos en que está vigente la acción y facilitar la prueba a la víctima. También sería conveniente un sistema de class actions como el de Estados Unidos, en que se puede reclamar por el conjunto de víctimas de un producto para solicitar no sólo una indemnización calculada al céntimo en función de los daños probados por cada una, sino que incluya también la posibilidad de indemnizaciones punitivas de cuantía muy superior en función del grado de negligencia o imprevisión del responsable.

Fuente : Blog del Consumerista

Publicado por Los Verdes en Extremadura, Aragón, Asturias y Euskadi. Intervención en Punto Radio Montijo (Extremadura)

En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, Los Verdes piden a Zapatero que reduzca el límite de intensidad de los campos electromagnéticos a que pueden estar sometidos los afectados por las antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas, como recomienda el Parlamento Europeo

Los Verdes aseguran que el gobierno no parece estar dispuesto a llevar a cabo las recomendaciones del Parlamento Europeo, que mediante una reciente Resolución (2 abril 2009), recomienda que se modifiquen las leyes y se baje la intensidad límite de los campos electromagnéticos que generan las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión a 0,6 V/m. En España la actual ley permite hasta 61 V/m.

Los Verdes, exigen al Gobierno de Zapatero que regule la salud ciudadana “por encima de los intereses de las empresas” y abogan por la elaboración de una nueva ley que garantice la salud de todos los ciudadanos aplicando el principio de precaución que se recoge en el Tratado de la Unión europea, así como las recomendaciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos del Parlamento Europeo.

Por todo ello, Los Verdes instan al Gobierno de la Nación, a que, con urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de exposición de acuerdo con el principio de prevención, establecido por el Tratado de la Unión Europea y de obligada aplicación en tanto no se publiquen los resultados del completo estudio multidisciplinar encargado por el Parlamento Europeo a un equipo de científicos que debería informar de los riesgos reales de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos; que organice el caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los proveedores a compartir mástiles y transmisores; que se realicen campañas de información especialmente dirigidas a los jóvenes; y que se reconozca la discapacidad de los enfermos por “electro sensibilidad”, como ya se hace en Suecia.

La proliferación de litigios judiciales, la preocupación vecinal por las antenas, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas reclama un mayor esfuerzo de la Administración local y regional en la planificación de dichas instalaciones. La legislación, en cualquier caso, aseguran Los Verdes, debe garantizar que escuelas, guarderías, residencias de ancianos y los centros de salud se encuentren libres de contaminación electromagnética de estas instalaciones, fijando distancias de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.

Los Verdes manifiestan su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros excluyan la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa, claramente, que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de precaución; mientras la Administración Española “mira para otro lado”.

De insuficientes han calificado Los Verdes las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en relación a la gripe A, “si no contemplan la aplicación del principio de precaución al actual modelo de desarrollo de la industria ganadera”.

Para Los Verdes, es necesario adaptarse y tomar medidas ante  un nuevo escenario surgido en la última década, en  el que se ha demostrado que las condiciones de cría intensiva de animales dedicados al consumo pueden actuar como incubadoras de nuevas cepas patógenas capaces de provocar pandemias mundiales.  “Son nuevos problemas, ante los que se necesitan nuevas respuestas”, ha declarado el partido ecologista, que rechaza que los organismos internacionales competentes en salud pública se limiten a paliar los efectos de las nuevas enfermedades que surgen, sin tomar medida alguna en relación a las posibles causas de su aparición.

“No aprobamos que la única respuesta sea la de ir a la zaga de los problemas, como buscar nuevas vacunas una vez aparecidos los nuevos virus por recombinación de los anteriores, y no se promueva al mismo tiempo una regulación de las grandes instalaciones ganaderas, cuyas actuales características pueden propiciar la mutación y surgimiento de nuevos patógenos o resistencias bacterianas, contra los que los sistemas de vigilancia no están preparados. La producción masiva de carne barata para el mercado de los países desarrollados no debe ser una prioridad para los gobiernos frente a la prevención de nuevas pandemias que pueden afectar potencialmente a toda la humanidad” , han declarado Los Verdes, que recuerdan los casos de la gripe aviar, el del virus triple híbrido aparecido en Carolina del Norte en 1998, y los indicios, no demostrados aún, de que la nueva cepa de la gripe A ha podido originarse en unas instalaciones de este tipo en México.

“El hacinamiento de los animales –continúa el partido verde-, el estrés al que se ven sometidos de por vida, la debilidad de su sistema inmune junto a la sobrecarga de antibióticos y vacunas y la concentración geográfica de este tipo de instalaciones puede llegar a ser una bomba de relojería para la bioseguridad, como vienen advirtiendo algunos expertos desde hace años, y ante ese riesgo no puede mirarse para otro lado, sino que debe plantearse para su modificación en un plazo prudencial de tiempo, conjuntamente con el sector. Es necesario regular la industria ganadera desde la nueva perspectiva de la bioseguridad, que además de contemplar las condiciones en que viven los animales, contemple medidas de seguridad para los trabajadores y el transporte o reutilización de los desechos producidos”. En este sentido, Los Verdes señalan que si la industria de cría animal a gran escala se ha convertido en un riesgo para la salud humana, la respuesta de los responsables políticos no debería hacerse esperar.

Por otra parte, el partido ecologista manifiesta la injusticia que supone que los criaderos intensivos se lucren con los beneficios económicos de su actividad pero no asuman los costos sanitarios que pueden producirse como consecuencia de las mismas.  “Además de los costos ambientales, aparecen los costos sanitarios, una deuda oculta que los organismos internacionales no deben echar sobre la espalda de los contribuyentes”, manifiestan los ecologistas, que invitan a remarcar, por el contrario, las virtudes de la ganadería extensiva, como la del cerdo ibérico en España, que proporciona alimentos de mayor calidad, revitaliza el mundo rural, contribuye a la conservación del paisaje y de la cultura tradicional y disminuye los riesgos sanitarios para la población.