La Coordinadora Verde estará presente en el Acto in  Memoriam que se celebrará el lunes 30 de noviembre en la Puerta de Alcalá de Madrid a las 21:00 horas

Los avances científicos han permitido que un alto número de afectados tenga acceso a la medicación retroviral en los paises ricos, pero no ocurre lo mismo en los países menos desarrollados donde a la enfermedad está muy lejos de ser controlada y afecta particularmente a las mujeres y la infancia. La enfermedad avanza al amparo de la desnutrición, sumándose a la falta de recursos sanitarios y la pobreza.
Pedimos al Gobierno que en el marco de la Cooperación Internacional se aumenten los recursos destinados específicamente para combatir el Sida y otras enfermedades olvidadas propias de los países empobrecidos. Apoyamos por tanto las campañas al efecto de numerosas ONG como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Dignitas International, Consumers International, entre otras. La primera medida debería ser combatir el hambre, la malnutrición, la miseria, la falta de acceso a agua potable y la falta de higiene. Las enfermedades atacan a las personas con el organismo debilitado por carencias crónicas de nutrientes, de agua o de higiene. La mejor prevención ha de ser que la población goce de salud.

Pedimos a la Industria Farmacéutica que permita la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos en aquellos países que más lo necesitan, para  que las personas enfermas, además recibir medidas nutricionales e higiénicas, puedan tener también acceso a las medicinas que se van desarrollando.

Pedimos a toda la población que no baje la guardia y actúe responsablemente para evitar el contagio.
Ramón Linaza, actor, miembro del grupo de Salud Verde,  acudirá al “Acto In Memoriam” que se celebrará en la Puerta de Alcalá hoy lunes 30 de noviembre a las 21:00, en representación de la Coordinadora Verde.

A nivel europeo, Noruega y Suecia ya han prohibido el uso de amalgamas dentales y otros países tienen restricciones o recomendaciones de no uso para ciertos grupos poblacionales como embarazadas, niños y personas con problemas renales, hepáticos o inmunológicos. Por su parte, en Cataluña, existe una recomendación oficial de no usar amalgamas dentales en embarazadas y menores de 14 años; mientras que en la Comunidad de Madrid la recomendación es aplicable a embarazadas y mujeres que dan el pecho. Más aún, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Químicos de España solicitó al Ministerio de Sanidad, en mayo pasado, la sustitución de las amalgamas dentales por otros materiales alternativos y el Defensor del Pueblo tramita actualmente la queja de MERCURIADOS al Ministerio de Sanidad por el uso no informado de mercurio en amalgamas dentales y por los múltiples efectos perniciosos de éstas sobre la salud. Asimismo, en febrero de este mismo año, se planteó una Demanda Judicial al Ministerio de Sanidad español por varias asociaciones de pacientes y pacientes a título individual, afectados por mercurio dental y/o vacunal.

La coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ante la falta de iniciativas oficiales, pregunta al Ministerio de Sanidad que “por qué se sigue poniendo mercurio en la boca (amalgamas dentales) si la OMS y otros organismos científicos — incluidos los Consejos y Colegios Dentales de todo el mundo— reconocen que, cada día, se evapora mercurio de las obturaciones de amalgama y también se sabe que no existe un umbral de seguridad para el mercurio”.

Por su parte, Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, se pregunta “a dónde van los restos de las amalgamas dentales, cuando se ponen y retiran, cuando se fabrican, y cuando las personas que las portan se mueren”. La Coordinadora Verde, ante el dato de que sólo en el Reino Unido el vertido de mercurio en el alcantarillado, la atmósfera o la tierra procedente de la amalgama dental asciende a 7,41 toneladas al año, ha decidido implicarse de lleno en el seguimiento del uso del mercurio, el metal más contaminante después de los materiales radiactivos.

El Documento de Política General de la OMS de 2005 “El Mercurio en el Sector de la Salud” establece que “el mercurio es muy tóxico, en particular cuando se metaboliza para formar mercurio de metilo. Puede ser mortal por inhalación y perjudicial por absorción cutánea. Alrededor del 80% del vapor de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones. Puede tener efectos perjudiciales en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e inmunitario y en los riñones, además de provocar daños pulmonares”. En 1991, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el mercurio presente en la amalgama dental es “la fuente no industrial más importante de emisión de vapor de mercurio, exponiendo a la población afectada a niveles de mercurio que superan con creces los establecidos para los alimentos y para el aire”.

Ante estos riesgos para la salud de las personas y de los ecosistemas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ya ha lanzado una iniciativa para evitar la contaminación del medio ambiente del mercurio, que tiene implicaciones para el uso de la amalgama dental, y que afecta a todos los gobiernos del mundo. Por su parte, la Oficina Europea para el Medio Ambiente lanzó en 2004 la Campaña Mercurio Cero, que tiene como último objetivo conseguir cero emisiones así como cero oferta y cero demanda de mercurio de todas las fuentes que el ser humano pueda controlar, a fin de reducir al mínimo el mercurio en el medio ambiente, a nivel europeo y mundial.

Texto de la ponencia presentada en la mesa redonda titulada “¿Cuáles son las prioridades verdes en materia de salud?”, en el marco de la I Universidad Verde de Verano, celebrada en Huesca los días 24 y 25 de julio de 2009.

Muchas de las campañas y reivindicaciones que realizan los grupos ecologistas, verdes, vecinales e incluso asociaciones médicas, científicas, etc. se basan en que se producen, comercializan o utilizan productos o sustancias sobre cuya seguridad o riesgos no existe evidencia científica contrastada pero sí hay algunos indicios o sospechas de que pudieran entrañar un peligro para la salud o el medio ambiente en general, por lo que se reclama que se prohíba o limite el uso, producción o circulación del mismo como medida de salvaguardia de la salud y del medio ambiente. En eso consiste el principio de cautela o de precaución.

Este principio está recogido en el art. 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea como una de las bases de la política en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta que es un objetivo declarado del mismo lograr un elevado grado de protección de la salud y el medio ambiente, hasta el punto de que razones ambientales pueden relegar la eficacia de las normas de libre comercio. El principio de cautela no aparece definido ni desarrollado en ese Tratado, pero sí en otros documentos de la Unión. Así, en una Comunicación de la Comisión de febrero de 2000 se indica que se debe aplicar cuando los datos científicos son insuficientes, no concluyentes o inciertos; pero una evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal. Y se establecen también tres normas a respetar:
-que se determine el grado de incertidumbre científica por una evaluación científica completa realizada a instancias de una autoridad independiente;
-que se evalúen los riesgos y consecuencias de no actuar a escala europea;
-que, en el estudio de las posibles acciones a adoptar, participen con la máxima transparencia todas las partes interesadas.

La adopción de medidas en aplicación de este principio es una cuestión política, a decidir por procedimientos políticos; por lo tanto es algo distinto de las cautelas propias de la actuación científica. Las decisiones a acordar han de resultar del análisis de una serie de criterios:
-han de ser proporcionales al nivel de protección que se quiere garantizar; lógicamente, entendemos que debe ser un nivel elevado, en coherencia con lo declarado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de acuerdo con el superior rango que debe tener la protección de la salud y el medio ambiente; pero ello no puede conducir a una eliminación absoluta de cualquier riesgo: p.ej., los posibles riesgos derivados de los campos electromagnéticos no pueden dar lugar a una prohibición de las líneas de alta tensión o la telefonía móvil, pero sí a una gestión que limite la exposición a que pueden estar sometidas las personas;
-no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación (han de tratarse de forma similar situaciones similares);
-ha de ser consistente con otras medidas adoptadas para prevenir riesgos con similar nivel de incertidumbre y gravedad;
-ha de basarse en un análisis de coste/beneficio, análisis que puede incluir cuando sea pertinente el económico, pero también otros aspectos, como la eficacia de las posibles medidas, su aceptabilidad por el público, la gravedad de los eventuales riesgos, etc;
-se someterán a revisión en cualquier momento, de acuerdo con la evolución del conocimiento científico;
-debe aplicarse un sistema de responsabilidad por los daños posibles que facilite la investigación sobre los riesgos y que con carácter general no traslade la carga de la prueba a los consumidores.

Su campo de aplicación es muy amplio: protección del medio ambiente en general, de la salud pública, seguridad alimentaria. Quizás la aplicación más transcendente de este principio fue la prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) entre 1999 y mayo de 2004.

Se pueden obtener algunas señales de cómo se debería aplicar y de su relevancia a partir de experiencias pasadas, sobre algunas sustancias cuyos efectos nocivos se desconocían pero sobre los cuales había algunas alertas tempranas, sospechas que se desatendieron durante mucho tiempo, hasta que la evidencia científica se consolidó, momento en que ya se habían producido daños importantes. Es el caso del amianto, del que ya hubo una primera alerta seria en 1898 que se ignoró permitiendo su uso hasta que fue innegable su relación con un tipo de cáncer, el mesotelioma, que está produciendo la muerte dolorosa de miles de europeos; hoy está prohibida su utilización, aunque se permite que los edificios que tienen ese componente entre sus materiales aislantes lo mantengan hasta que su degradación sea tal que no pueda ser reparada. Otro caso es el de los CFCs, cuyo efecto sobre la capa de ozono fue ya advertido en 1974 e ignorado hasta que fue demasiado tarde, por lo que será inevitable que en los próximos años haya un número importante de muertes por cáncer de piel. Existen multitud de casos similares: la enfermedad de las vacas locas y la sangre contaminada con el VIH en Francia son algunos de los más conocidos cuyas consecuencias letales están comprobadas.

Una aplicación paradigmática de este principio habría de ser la normativa REACH, el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos y la Directiva 2006/121/CE, asociada al Reglamento, según fueron concebidos, para obligar a los fabricantes e importadores a evaluar los riesgos de los productos químicos que producen, importan o utilizan, a sustituir los más peligrosos y a informar adecuadamente de sus riesgos. Pero sus objetivos se han quedado muy cortos debido a la intensa campaña de lobby realizada por la industria química (con el apoyo del Gobierno Bush) durante su tramitación: de los aproximadamente 100.000 productos químicos existentes, sólo afectará a unos 30.000; los plazos para sustituir las sustancias cuyas consecuencias tóxicas se conocen son demasiado largos (en algunos casos deberían incluso retirarse del mercado ya las mercancías producidas) o incluso se puede eludir la obligación de sustitución si el fabricante alega que puede controlar sus efectos o que existen límites seguros de exposición, lo que introduce el problema de los efectos cruzados entre varios productos y el de la bioacumulación. Por otro lado, la obligación de información de la industria ha quedado muy recortada. El principio de cautela ha sido desvalorizado en beneficio de la industria cuando están en juego sustancias que pueden tener efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente; hay que tener en cuenta que una legislación REACH fuerte tendría unos efectos positivos no sólo para la salud y el medio ambiente, también para la investigación porque obligaría a investigar sobre los efectos de las sustancias que se están utilizando; sobre la innovación y el desarrollo, porque instigaría que se buscasen sustancias alternativas menos tóxicas, con el consiguiente desarrollo industrial y su repercusión en el empleo; mejoraría la imagen de la industria; y reduciría los gastos sanitarios, de gestión de vertidos y lugares contaminados, etc. Por otro lado, el coste de implementar una legislación REACH rigurosa no sería excesivamente oneroso para la industria, ya que sería muy inferior a lo que gasta en publicidad.

El principio de cautela debería aplicarse a las peticiones de autorización de cultivos o comercialización de productos con organismos genéticamente modificados (OGM). Si ya se aplicó una moratoria en 1999, no hay razón para haberla levantado en 2004 cuando siguen planteando las mismas cuestiones o más sobre sus efectos sobre la salud de consumidores y productores; sobre otras cosechas, la biodiversidad del entorno de las plantaciones, la seguridad alimentaria, la autonomía de los productores. Precisamente en estos días está en cuestión la petición de autorización en Europa de un arroz trangénico resistente a un plaguicida, el glufosinato, sobre el que existen diversos estudios que hablan de sus efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente.

En cuanto a los campos electromagnéticos, existen cientos de informes contradictorios: mientras unos niegan todo efecto nocivo sobre la salud, otros muchos dicen encontrar una relación con ciertas dolencias; de hecho, la OMS los ha clasificado como posiblemente carcinogénicos en relación con la leucemia infantil. Se ha discutido mucho sobre la imparcialidad y el método científico seguido por los informes que niegan efectos nocivos a los CEM (p.ej., estudian los efectos de un CEM intenso durante un corto espacio de tiempo, cuando el peligro principal, según los estudios del segundo grupo, estaría en la exposición durante largos períodos de tiempo a CEM incluso de reducida intensidad). La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento europeo aprobó un infome el 23 de febrero de 2009 instando una serie de medidas a adoptar tanto por la Unión como por la industria y los particulares en línea con el principio de cautela: más investigación; reducción del umbral de exposición a CEM aprobado por la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 en línea con lo que ya han hecho algunos Estados; prácticas personales para evitar o reducir la exposición; más información y participación pública; y critica las campañas de la industria para promover el uso de móviles por niños y adolescentes. No tiene sentido que la industria, y con ella las autoridades que aprueban proyectos de líneas eléctricas y estaciones repetidoras, nieguen los efectos nocivos de los CEM cuando existen numerosas alertas que cuestionan esa postura; en su lugar, y dado que tanto la electricidad como la telefonía móvil o el internet por wifi constituyen una demanda social ineludible, deben establecerse unas pautas para reducir todo lo posible la exposición a los CEM, pautas dirigidas tanto al despliegue de líneas de alta tensión y de estaciones de telefonía móvil o zonas con wifi como al uso de la telefonía móvil por los particulares.

En el campo de la seguridad alimentaria, existe una normativa reglamentaria muy detallada, pero que no impide que hayan aparecido casos como el de las vacas locas, los pollos belgas con dioxinas, el ganado engordado con clembuterol, etc. También está muy reglamentada la información a facilitar al consumidor a través del etiquetado, pero sigue siendo manifiestamente insuficiente, precisamente con el objeto de que no pueda elegir: por ejemplo, en Europa no existe la obligación de expresar el contenido en grasas trans de los alimentos ni los productos cárnicos que proceden de animales alimentados con transgéncios. Hay casos incluso en que se admite la denominación de ciertos productos de forma equívoca, para favorecer su comercialización engañando al consumidor, como el caso de un producto lácteo de una conocida marca española al que se permitió que se denominase yogur “pasteurizado después de la fermentación”, que evidentemente ya no tiene las propiedades características del yogur. Es necesario que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) actúe siempre aplicando el principio de cautela, evitando prácticas como las que condujeron al escándalo de las vacas locas aún cuando no se conocieran con seguridad las consecuencias letales que había de tener el cambio en el sistema de alimentación del ganado. Y debe exigirse un etiquetado mucho más riguroso para que, aún si ciertos ingredientes o productos no están prohibidos, al menos el consumidor tenga la posibilidad de excluirlos de su lista de la compra.

En cuanto a la publicidad de alimentos, productos sanitarios, de cosmética, etc., existe un organismo de autocontrol, que puede prohibir la emisión de campañas publicitarias cuando el mensaje a difundir no se corresponde con la realidad o induce a engaños en cuanto a las cualidades del producto. También tiene competencias la EFSA. En ocasiones, sin embargo, se admite la publicidad de productos con un mensaje que sin ser incierto puede no proporcionar toda la información necesaria para poder valorar correctamente la bondad del producto; esto ocurre, p.ej., cuando se indica que un determinado yogur favorece un aumento de las defensas, cosa que puede ser cierta, pero no se dice que una ingesta continuada puede favorecer que el organismo tenga dificultades para continuar produciendo esas defensas por sí mismo, de forma natural, sin ayuda externa. Para evitar estos supuestos se aprobó el Reglamento (CE) 1924/2006, del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que obliga a que sólo se puedan realizar afirmaciones sobre las cualidades de salud, nutricionales, etc. de alimentos y complementos cuando exista una evidencia científica que respalde lo afirmado, y trata de evitar el consumo excesivo de algún producto. La EFSA está en la actualidad revisando las afirmaciones publicitarias de los productos afectados por este Reglamento, parece según informaciones de prensa que 66 alimentos o ingredientes han sido revisados y tiene pendientes unos 4.000 más.

Respecto a la política sanitaria, es especialmente criticable que aparezca centrada en la gestión de cómo recuperar la salud a base de tratamientos quirúrgicos o farmacológicos en lugar de centrarse en la prevención: promover prácticas saludables, tratar de eliminar o reducir la exposición a factores nocivos. Y aún que la política de prevención se centre casi exclusivamente en la administración de vacunas, algunas muy contestadas desde el propio ámbito sanitario. Tendría un coste mucho menor para el Tesoro elaborar políticas de salud pública, de prevención de riesgos sanitarios, de promoción de prácticas saludables, como serían la eliminación del tabaco en lugares públicos; reducción de la contaminación atmosférica, de suelos y de acuíferos; promover una dieta saludable con alimentos orgánicos; promover la lactancia materna; el ejercicio físico; reducir el consumo de alcohol; protección de la salud en el trabajo; entornos saludables (ciudad verde, lugares para pasear libres de tráfico…) que centrarse en una política basada casi exclusivamente en el recurso a la industria farmacéutica. Y es fundamental la formación y la información: si se informase al público de la relación entre mapas de cáncer, de enfermedades respiratorias y de alergias con los mapas de contaminación ambiental, seguramente se sería más exigente con los controles a las emisiones de las industrias y se utilizaría más transporte público; si hubiese una mayor educación sexual y de la afectividad probablemente descendería el número de abortos de adolescentes.

Una política que aplique el principio de cautela se basa en gestionar riesgos, en adelantarse para evitar que aparezca el daño actuando incluso cuando el peligro concreto no está bien definido y sólo existe alguna alerta temprana. Trata de evitar que haya que gestionar las crisis derivadas de resultados lesivos por no haber adoptado medidas preventivas a tiempo, en una fase temprana del conocimiento científico del daño. Exige políticas más activas e intuitivas, más imaginativas, en lugar de dejarse llevar por la urgencia del momento y la mecánica impuesta por lo establecido, por el “ir tirando”, y los dictados de la industria. Exige mucha participación pública, mucha información y formación (que son el mejor antídoto contra la corrupción, la pereza mental y la demagogia).

Ha de tener un complemento en una estructura administrativa que facilite que a todos los profesionales les llegue la información sobre riesgos, productos prohibidos, prácticas a promover, etc; y que existan unos órganos de inspección y de control eficaces, y que se prevean unas sanciones disuasorias, para castigar y eliminar las prácticas que eluden el cumplimiento de las instrucciones aprobadas. No es admisible que numerosas industrias realicen vertidos o eliminen los filtros cuando saben que no actúa la inspección, o que si actúa no se tramitará la denuncia, o si se tramita la sanción será una multa por cantidad irrisoria. O que el ginecólogo/la ginecóloga siga facilitando la publicidad (prohibida) que le haya facilitado alguna asociación interesada de unos tratamientos hormonales para la menopausia cuando se conocen los efectos secundarios que tienen.

El reverso de una política basada en el principio de cautela sería la atribución de responsabilidades civiles a quien crea el riesgo sin haber examinado previamente y de forma adecuada sus posibles consecuencias y sin informar de los que pudiera haber conocido al público y las autoridades; en España ese sistema de responsabilidad civil en que el productor responde por los riesgos que crea está muy limitado, hasta el punto de que está exonerado de los riesgos del desarrollo (es decir, de los daños causados por un producto que no se podían prever en el estado de la ciencia al momento de la comercialización) excepto en el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios para el consumo humano, en que sí se responde de los daños aunque el riesgo no fuese conocido. Por otro lado, persiste la obligación de la víctima de probar el nexo de causalidad entre el daño y el producto, que se exige con un grado de certeza que hace prácticamente inviables muchas reclamaciones, como se ha demostrado con las demandas formuladas contra las tabacaleras. Deberían modificarse las Directivas que regulan la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos para que el productor sea responsable de los daños incluso cuando no haya conocimiento científico sobre sus riesgos al momento de la comercialización; deben ampliarse también los plazos en que está vigente la acción y facilitar la prueba a la víctima. También sería conveniente un sistema de class actions como el de Estados Unidos, en que se puede reclamar por el conjunto de víctimas de un producto para solicitar no sólo una indemnización calculada al céntimo en función de los daños probados por cada una, sino que incluya también la posibilidad de indemnizaciones punitivas de cuantía muy superior en función del grado de negligencia o imprevisión del responsable.

Fuente : Blog del Consumerista

El grupo de trabajo de Salud Verde organiza un taller titulado: ¿Cuales son las prioridades verdes en materia de Salud Ambiental?

En él, contaremos con la participación de:

- Carles Esquerda, presidente del colectivo Dolça Revoluciò. Es Ingeniero Técnico Agrícola, e investiga tratamientos naturales. La Dulce Revolución es un movimiento que pretende fomentar el autocultivo de plantas medicinales y potenciar su importancia en la sociedad.

- José Antonio Ballesteros, abogado medioambientalista y especialista en Derecho del Consumidor. Es miembro de Juristas contra el Ruido y de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental. Miembro de Los Verdes de Asturias.

- Francisca Ferrandis, Presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados del Sindrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensiblidad Química Múltiple. Realiza una labor de apoyo y ayuda a los pacientes, y aporta la visión desde el día a día.

Tras las intervenciones, los participantes del taller debatirán sobre cuales deben de ser las líneas prioritarias de actuación en Salud Ambiental.

Será el sábado 25 entre las 4 y las 6 de la tarde.

El programa completo de la Universidad puede consultarse en su página web: www.universidadverde.es

Los Verdes recuerdan que la mayoría de los países han rechazado la experimentación con el cultivo básico más importante del mundo, el arroz, alimento diario de la mitad de la población mundial. No obstante, Bayer CropScience AG, una subsidiaria del gigante químico alemán Bayer, ha manipulado genéticamente una variedad de arroz para que soporte grandes cantidad de un pesticida muy tóxico llamado glufosinato, que también produce la multinacional, a pesar de ser considerado muy peligroso para el medio ambiente y la salud humana.

Actualmente, Bayer está intentando que se apruebe legalmente su arroz transgénico en Brasil, Sudáfrica, la Unión Europea, India y las Filipinas. Así próximamente, la Unión Europea decidirá si este arroz transgénico puede o no aparecer en las estanterías de los supermercados y acabar en nuestros platos de comida. “Puede que el peligroso herbicida de Bayer, el glufosinato, quede prohibido en nuestros campos pero no en nuestros platos” afirma el grupo de trabajo sobre Salud Verde.

Los residuos de glufosinato en alimentos son causa de preocupación para las autoridades sanitarias de todo el mundo, en especial los productos de alimentación para niños de corta edad, contaminados por esta sustancia. Según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, estudios sobre el arroz transgénico de Bayer muestran la presencia de glufosinato y de sus metabolitos en todos los productos a base de arroz. Hervir o cocinar el arroz no destruye estos residuos.  Según el informe de Greenpeace, los efectos tóxicos del glufosinato producen trastornos neurológicos, disfunciones en la división celular relacionadas con el cáncer, toxicidad e inhibición enzimática, entre otros.

Para el partido ecologista, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dan la espalda al problema de los transgénicos, como lo demuestra que nuestro país sea el único de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala y que en 2008 se cultivaron unas 80.000 hectáreas de maíz modificado con genes de bacterias.

Los Verdes debatirán, con la presencia de destacadas personalidades de Los Verdes Europeos, sobre este y otros temas (Energía, Crisis y Economía Sostenible, Gloalización y nuevos tratados Post- Kyoto, …) en su I Universidad de Verano, que se celebrará del 23 al 25 de julio en Huesca (www.universidadverde.es).

En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, Los Verdes piden a Zapatero que reduzca el límite de intensidad de los campos electromagnéticos a que pueden estar sometidos los afectados por las antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas, como recomienda el Parlamento Europeo

Los Verdes aseguran que el gobierno no parece estar dispuesto a llevar a cabo las recomendaciones del Parlamento Europeo, que mediante una reciente Resolución (2 abril 2009), recomienda que se modifiquen las leyes y se baje la intensidad límite de los campos electromagnéticos que generan las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión a 0,6 V/m. En España la actual ley permite hasta 61 V/m.

Los Verdes, exigen al Gobierno de Zapatero que regule la salud ciudadana “por encima de los intereses de las empresas” y abogan por la elaboración de una nueva ley que garantice la salud de todos los ciudadanos aplicando el principio de precaución que se recoge en el Tratado de la Unión europea, así como las recomendaciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos del Parlamento Europeo.

Por todo ello, Los Verdes instan al Gobierno de la Nación, a que, con urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de exposición de acuerdo con el principio de prevención, establecido por el Tratado de la Unión Europea y de obligada aplicación en tanto no se publiquen los resultados del completo estudio multidisciplinar encargado por el Parlamento Europeo a un equipo de científicos que debería informar de los riesgos reales de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos; que organice el caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los proveedores a compartir mástiles y transmisores; que se realicen campañas de información especialmente dirigidas a los jóvenes; y que se reconozca la discapacidad de los enfermos por “electro sensibilidad”, como ya se hace en Suecia.

La proliferación de litigios judiciales, la preocupación vecinal por las antenas, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas reclama un mayor esfuerzo de la Administración local y regional en la planificación de dichas instalaciones. La legislación, en cualquier caso, aseguran Los Verdes, debe garantizar que escuelas, guarderías, residencias de ancianos y los centros de salud se encuentren libres de contaminación electromagnética de estas instalaciones, fijando distancias de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.

Los Verdes manifiestan su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros excluyan la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa, claramente, que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de precaución; mientras la Administración Española “mira para otro lado”.

Dada la polémica social y científica que suma cada día más profesionales médicos y asociaciones de mujeres que cuestionan la necesidad de incluir la vacuna en el calendario sanitario, Salud Verde considera un despropósito la propuesta de conceder el Premio Príncipe de Asturias a los desarrolladores de la vacuna, por lo que estima que dicha propuesta de concesión no es más que otra ofensiva de la campaña de marketing que, desde sus inicios, ha rodeado a la vacuna contra el VPH y propone, en consecuencia, su retirada, a fin de que los Premios Príncipe de Asturias cuenten con el mayor consenso social posible.

Para Los Verdes, es necesario adaptarse y tomar medidas ante  un nuevo escenario surgido en la última década, en  el que se ha demostrado que las condiciones de cría intensiva de animales dedicados al consumo pueden actuar como incubadoras de nuevas cepas patógenas capaces de provocar pandemias mundiales.  “Son nuevos problemas, ante los que se necesitan nuevas respuestas”, ha declarado el partido ecologista, que rechaza que los organismos internacionales competentes en salud pública se limiten a paliar los efectos de las nuevas enfermedades que surgen, sin tomar medida alguna en relación a las posibles causas de su aparición.

“No aprobamos que la única respuesta sea la de ir a la zaga de los problemas, como buscar nuevas vacunas una vez aparecidos los nuevos virus por recombinación de los anteriores, y no se promueva al mismo tiempo una regulación de las grandes instalaciones ganaderas, cuyas actuales características pueden propiciar la mutación y surgimiento de nuevos patógenos o resistencias bacterianas, contra los que los sistemas de vigilancia no están preparados. La producción masiva de carne barata para el mercado de los países desarrollados no debe ser una prioridad para los gobiernos frente a la prevención de nuevas pandemias que pueden afectar potencialmente a toda la humanidad” , han declarado Los Verdes, que recuerdan los casos de la gripe aviar, el del virus triple híbrido aparecido en Carolina del Norte en 1998, y los indicios, no demostrados aún, de que la nueva cepa de la gripe A ha podido originarse en unas instalaciones de este tipo en México.

“El hacinamiento de los animales –continúa el partido verde-, el estrés al que se ven sometidos de por vida, la debilidad de su sistema inmune junto a la sobrecarga de antibióticos y vacunas y la concentración geográfica de este tipo de instalaciones puede llegar a ser una bomba de relojería para la bioseguridad, como vienen advirtiendo algunos expertos desde hace años, y ante ese riesgo no puede mirarse para otro lado, sino que debe plantearse para su modificación en un plazo prudencial de tiempo, conjuntamente con el sector. Es necesario regular la industria ganadera desde la nueva perspectiva de la bioseguridad, que además de contemplar las condiciones en que viven los animales, contemple medidas de seguridad para los trabajadores y el transporte o reutilización de los desechos producidos”. En este sentido, Los Verdes señalan que si la industria de cría animal a gran escala se ha convertido en un riesgo para la salud humana, la respuesta de los responsables políticos no debería hacerse esperar.

Por otra parte, el partido ecologista manifiesta la injusticia que supone que los criaderos intensivos se lucren con los beneficios económicos de su actividad pero no asuman los costos sanitarios que pueden producirse como consecuencia de las mismas.  “Además de los costos ambientales, aparecen los costos sanitarios, una deuda oculta que los organismos internacionales no deben echar sobre la espalda de los contribuyentes”, manifiestan los ecologistas, que invitan a remarcar, por el contrario, las virtudes de la ganadería extensiva, como la del cerdo ibérico en España, que proporciona alimentos de mayor calidad, revitaliza el mundo rural, contribuye a la conservación del paisaje y de la cultura tradicional y disminuye los riesgos sanitarios para la población.

La formación política Los Verdes, miembro del Grupo Parlamentario de IU-BA-Verdes en la Junta General del Principado, solicita que el “altísimo coste” de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) –principal causa del cáncer de cérvix o cuello de útero, y de otras enfermedades de transmisión sexual–, “se dedique a otros fines preventivos sanitarios”.

Según indicó hoy la formación política en nota de prensa, considera necesaria la “reevaluación” de la política de vacunación. Así lo argumenta teniendo en cuenta que la prevalencia de cáncer de cérvix en España “es una de las más bajas del mundo gracias a la sistematización de pruebas citológicas que se vienen realizando en el Sistema Sanitario desde hace años y que van a tener que seguir realizándose aunque la vacuna se aplique” y “la falta de datos sobre la efectividad y eficiencia de la vacuna a largo plazo”.

Por ello, propone que “el altísimo coste que representa esta vacuna para la Sanidad pública se destine a otros fines o métodos preventivos o sanitarios que beneficien en mayor medida a la población española” tal como apunta el grupo Salud Verde –que aglutinan Verdes de todo el Estado–.

Y es que el grupo de trabajo Salud Verde, “ante la polémica clínica y social” por el uso en España de la nueva vacuna contra el VPH y su inclusión en el calendario de vacunaciones, solicita a los responsables políticos y sanitarios “una revisión de la política preventiva en materia de salud y específicamente la relativa a la prevención de esta infección”.

La reevaluación solicitada por Los Verdes “debería tener en cuenta las objeciones planteadas a la vacunación contra el VPH por diversas organizaciones y colectivos de profesionales de salud, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Plataforma NoGracias, el colectivo formado para pedir su moratoria y diversos profesionales académicos y de la información, y ello aun cuando ya se han iniciado las campañas de vacunación”.

Además, señalan que dado que se ha iniciado la vacunación en muchas comunidades autónomas, será preciso “informar adecuadamente” a las niñas vacunadas y sus padres, madres y tutores la razón de la “supresión” de esta campaña de vacunación y de que no supone “ninguna merma” para la protección de su salud, “ya que incluso tras ser vacunadas deberían seguir con las mismas prácticas recomendadas de salud sexual para evitar otras enfermedades y embarazos indeseados”.

La segunda fase de implantación de la vacuna en Asturias concluyó en noviembre y alcanzó una cobertura del 88,07 por ciento de las niñas asturianas nacidas en el año 1995 que es a quienes estaba dirigida. El coste de la campaña de vacunación frente al VPH para los años 2008 y 2009 es de 2.026.440 euros.

DEBATE SOBRE GASTO FARMACÉUTICO

Por otra parte, este grupo de trabajo reclama “un debate profesional y social sobre la política de intervenciones supuestamente preventivas de grandes pandemias o problemas sanitarios, con un enorme gasto en medicamentos, y que, en ocasiones resultan ser consecuencia del marketing o de alarmas injustificadas”.

“La compra masiva y precipitada de antivirales para la pandemia de gripe aviar que llegaba pero nunca llegó, y la aplicación sistemática de vacunas para prevenir cáncer de cérvix en países con muy baja prevalencia del mismo son dos buenos ejemplos”, sostienen Los Verdes.

Por ello, el Grupo de Salud Verde recomienda a los distintos partidos verdes y a sus afiliados que suscriban “el manifiesto de la Asociación científica socio-sanitaria CAPS como muestra de conformidad con su contenido y de rechazo a una política sanitaria que no muestra suficientes medidas de cautela y prudencia ante las agresivas campañas de las multinacionales farmacéuticas”.

Europa Press