El grupo de trabajo de Salud Verde organiza un taller titulado: ¿Cuales son las prioridades verdes en materia de Salud Ambiental?

En él, contaremos con la participación de:

- Carles Esquerda, presidente del colectivo Dolça Revoluciò. Es Ingeniero Técnico Agrícola, e investiga tratamientos naturales. La Dulce Revolución es un movimiento que pretende fomentar el autocultivo de plantas medicinales y potenciar su importancia en la sociedad.

- José Antonio Ballesteros, abogado medioambientalista y especialista en Derecho del Consumidor. Es miembro de Juristas contra el Ruido y de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental. Miembro de Los Verdes de Asturias.

- Francisca Ferrandis, Presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados del Sindrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensiblidad Química Múltiple. Realiza una labor de apoyo y ayuda a los pacientes, y aporta la visión desde el día a día.

Tras las intervenciones, los participantes del taller debatirán sobre cuales deben de ser las líneas prioritarias de actuación en Salud Ambiental.

Será el sábado 25 entre las 4 y las 6 de la tarde.

El programa completo de la Universidad puede consultarse en su página web: www.universidadverde.es

En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, Los Verdes piden a Zapatero que reduzca el límite de intensidad de los campos electromagnéticos a que pueden estar sometidos los afectados por las antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas, como recomienda el Parlamento Europeo

Los Verdes aseguran que el gobierno no parece estar dispuesto a llevar a cabo las recomendaciones del Parlamento Europeo, que mediante una reciente Resolución (2 abril 2009), recomienda que se modifiquen las leyes y se baje la intensidad límite de los campos electromagnéticos que generan las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión a 0,6 V/m. En España la actual ley permite hasta 61 V/m.

Los Verdes, exigen al Gobierno de Zapatero que regule la salud ciudadana “por encima de los intereses de las empresas” y abogan por la elaboración de una nueva ley que garantice la salud de todos los ciudadanos aplicando el principio de precaución que se recoge en el Tratado de la Unión europea, así como las recomendaciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos del Parlamento Europeo.

Por todo ello, Los Verdes instan al Gobierno de la Nación, a que, con urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de exposición de acuerdo con el principio de prevención, establecido por el Tratado de la Unión Europea y de obligada aplicación en tanto no se publiquen los resultados del completo estudio multidisciplinar encargado por el Parlamento Europeo a un equipo de científicos que debería informar de los riesgos reales de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos; que organice el caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los proveedores a compartir mástiles y transmisores; que se realicen campañas de información especialmente dirigidas a los jóvenes; y que se reconozca la discapacidad de los enfermos por “electro sensibilidad”, como ya se hace en Suecia.

La proliferación de litigios judiciales, la preocupación vecinal por las antenas, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas reclama un mayor esfuerzo de la Administración local y regional en la planificación de dichas instalaciones. La legislación, en cualquier caso, aseguran Los Verdes, debe garantizar que escuelas, guarderías, residencias de ancianos y los centros de salud se encuentren libres de contaminación electromagnética de estas instalaciones, fijando distancias de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.

Los Verdes manifiestan su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros excluyan la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa, claramente, que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de precaución; mientras la Administración Española “mira para otro lado”.