La Coordinadora Verde ha denunciado a través de Ecolo-Verdes de Extremadura en Bruselas la subvención de cultivos transgénicos en España y ha exigido la trazabilidad de todos los productos en los que se usan.

Los cultivos transgénicos son subvencionados en del Estado español por la Política Agraria Común, ya que son válidos para ejercer los derechos de Pago Único, según denuncia la Coordinadora Verde que, a través de Ecolo-Verdes de Extremadura, ha acudido los días 12 y 13 de enero al Parlamento Europeo, invitado por el Partido Verde Europeo. El representante de la Coordinadora Verde y de Ecolo, Nicolás Paz, ha pedido el apoyo del Eurogrupo para que se prohíba la subvención en España de cultivos transgénicos.

Además, con la actual normativa, nosotros los consumidores perdemos la trazabilidad de los productos que comemos, afirma la plataforma ecologista. Exigimos a la Comunidad Europea la trazabilidad de todos los productos en los que se usen transgénicos y que se indique fehacientemente que es así, sea la cantidad que sea. Los ciudadanos exigimos información para poder ejercer nuestro derecho a decidir libremente sobre una alimentación libre de transgénicos.

España es el paraíso de los transgénicos en Europa y el país que los cultiva a mayor escala. En 2009, España cultivó más de 80.000 hectáreas de maíz transgénico, y albergó el 42% de los ensayos experimentales al aire libre con cultivos modificados genéticamente, según la información publicada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC).

Mientras otros países ponen freno a los transgénicos en sus territorios, España ha sido uno de los pocos países de la Unión Europea en apoyar la aprobación del cultivo de la patata Amflora, que, aunque modificada genéticamente para uso industrial (fabricación de papeles, hilos y colas), puede entrar en nuestra cadena alimenticia a través de los animales alimentados con ella o contaminar otros cultivos. Un ejemplo más de la falta absoluta de sensibilidad del gobierno español en este tema.

Los cables revelados por Wikileaks en los últimos meses han vuelto a poner el tema de los transgénicos encima de la mesa revelando una alianza entre EEUU y el gobierno español para defender el monopolio de las multinacionales americanas sobre los organismos genéticamente modificados, así como la mediación de la embajada a favor de la empresa Monsanto, en contra de las posiciones de la Comisión Europea.

“Wikileaks ha demostrado algo que ya sabíamos. El gobierno español se ha plegado a los intereses de las grandes corporaciones y a la presión de gobiernos extranjeros. Hemos perdido soberanía, también alimentaría, democracia y la salud de nuestros ciudadanos está en peligro” ha señalado Nicolás Paz, representante español de la Coordinadora Verde y Ecolo-Verdes de Extremadura en la conferencia.

Aunque EE UU, Canadá, Asia y América Latina han abrazado los transgénicos, la UE ha puesto siempre impedimentos. Tiene aprobado el cultivo de maíz pero solo seis países lo plantan (España, la República Checa, Portugal, Rumania, Polonia y Eslovaquia). Otros seis Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo han aplicado, en cambio, la “cláusula de salvaguarda” que establece la Unión Europea, lo que les permite vetar su cultivo por constituir “un riesgo para la salud humana o el medio ambiente”.

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En el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, Los Verdes piden a Zapatero que reduzca el límite de intensidad de los campos electromagnéticos a que pueden estar sometidos los afectados por las antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas, como recomienda el Parlamento Europeo

Los Verdes aseguran que el gobierno no parece estar dispuesto a llevar a cabo las recomendaciones del Parlamento Europeo, que mediante una reciente Resolución (2 abril 2009), recomienda que se modifiquen las leyes y se baje la intensidad límite de los campos electromagnéticos que generan las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión a 0,6 V/m. En España la actual ley permite hasta 61 V/m.

Los Verdes, exigen al Gobierno de Zapatero que regule la salud ciudadana “por encima de los intereses de las empresas” y abogan por la elaboración de una nueva ley que garantice la salud de todos los ciudadanos aplicando el principio de precaución que se recoge en el Tratado de la Unión europea, así como las recomendaciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos del Parlamento Europeo.

Por todo ello, Los Verdes instan al Gobierno de la Nación, a que, con urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de exposición de acuerdo con el principio de prevención, establecido por el Tratado de la Unión Europea y de obligada aplicación en tanto no se publiquen los resultados del completo estudio multidisciplinar encargado por el Parlamento Europeo a un equipo de científicos que debería informar de los riesgos reales de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos; que organice el caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los proveedores a compartir mástiles y transmisores; que se realicen campañas de información especialmente dirigidas a los jóvenes; y que se reconozca la discapacidad de los enfermos por “electro sensibilidad”, como ya se hace en Suecia.

La proliferación de litigios judiciales, la preocupación vecinal por las antenas, líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones eléctricas reclama un mayor esfuerzo de la Administración local y regional en la planificación de dichas instalaciones. La legislación, en cualquier caso, aseguran Los Verdes, debe garantizar que escuelas, guarderías, residencias de ancianos y los centros de salud se encuentren libres de contaminación electromagnética de estas instalaciones, fijando distancias de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.

Los Verdes manifiestan su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros excluyan la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa, claramente, que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de precaución; mientras la Administración Española “mira para otro lado”.